El contrabando y uso de mercurio ilegal se ha convertido en un factor clave que alimenta la expansión de la minería de oro ilegal en varias regiones del Perú, sobre todo en la Amazonía. Este metal tóxico, pese a estar restringido o prohibido en muchos países debido a sus efectos devastadores sobre la salud y el medio ambiente, sigue fluyendo hacia operaciones mineras sin control, facilitando la extracción de oro sin permisos y fuera de la regulación estatal.
El mercurio actúa como un insumo básico en los procesos de extracción de oro artesanal y de pequeña escala: se mezcla con el sedimento aurífero para formar una amalgama que luego se calienta, liberando el metal precioso y dejando escapar vapores extremadamente peligrosos. Esta práctica no solo permite obtener oro sin tecnología avanzada, sino que también contamina ríos, suelos y alimentos básicos, como el pescado, afectando a comunidades indígenas y ribereñas de la Amazonía.
Diversas investigaciones y operativos han expuesto la magnitud del tráfico de mercurio hacia Perú. Por ejemplo, Perú incautó un cargamento récord de cuatro toneladas de mercurio oculto dentro de material pétreo, que iba con destino a Bolivia y que estaba destinado a alimentar este tipo de minería. Esta interceptación evidenció una red transnacional de contrabando, donde el mercurio proviene principalmente de estados con menos controles ambientales, como Querétaro en México.
Organizaciones ambientales también han documentado que cientos de toneladas de mercurio se mueven anualmente en la región, muchas veces vinculado a grupos criminales organizados que aprovechan los altos precios del oro para generar ganancias ilícitas. Estos flujos ilegales no solo perpetúan la minería de oro no regulada, sino que complican los esfuerzos por reducir el uso de mercurio y por proteger ecosistemas frágiles y comunidades vulnerables.
Los impactos del uso intensivo de mercurio van más allá de la contaminación ambiental: la toxicidad del mercurio puede afectar al sistema nervioso, al desarrollo cognitivo de los niños y a la salud de poblaciones enteras, especialmente aquellas que dependen de los recursos naturales para su subsistencia.
En medio de esta crisis, comunidades amazónicas han denunciado ante organismos internacionales la incapacidad del Estado para contener la minería ilegal y la proliferación del mercurio en zonas como la cuenca del río Nanay, donde el agua y la alimentación están cada vez más comprometidas.
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